La titular del Juzgado de Primera Instancia número 63 de Madrid, mediante Auto de 30 de marzo de 2011, ha accedido a la medida cautelar solicitada por seis clubes españoles contra el acuerdo de 11 de febrero de la LFP, por el que se acordó suspender la competición en la jornada del 3 de abril. Un alivio para el Gobierno, pero también para la propia LFP, ya que con el transcurrir de los días ganaba enteros la convicción de que había sido un error, al menos de estrategia.
En los últimos días, los dirigentes de la LFP no ocultanan su preocupación ante la deriva que había tomado el asunto tras la impugnación presentada por los clubes Sevilla C.F., Villarreal C.F., R.C.D. Español, Real Sociedad, Athletic Club y R.C.D. Zaragoza, alegando que la Asamblea no era órgano competente para modificar el calendario liguero. Les preocupaba, lógicamente, la impopularidad de la medida pero también y sobre todo el hecho de que la mencionada impugnación le daba argumentos al Gobierno para mantener su postura, dada la falta de cohesión existente entre los clubes que integran la LFP. Finalmente, ha sido el juzgado quien le ha resuelto el problema a ambos, Liga y Gobierno.
Jaime Lizavesky, Secretario de Estado para el Deporte, resaltó días antes el hecho de que ningún grupo parlamentario presentó enmienda alguna hace un año cuando se tramitó la Ley audiovisual 7/2010 y añadió que la petición de la LFP es de imposible concesión por parte del Gobierno, que es preciso una ley que modifique la antes citada y que ello no era viable técnicamente antes del 3 de abril. Aprovechó para recordar la necesidad de que haya estabilidad en las competiciones, justo el mismo argumento invocado por la LFP cuando la AFE solicitó la suspensión liguera al inicio de la segunda vuelta.
Como ya habíamos anticipado, el asunto queda congelado y se retomará tras las elecciones, no las municipales del 22 de mayo, sino las generales, previstas para marzo de 2012 y que los agoreros adelantan al otoño de 2011.
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