Pues bien, en el caso del presidente de la U.D. Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, estimamos que está plenamente justificado. Nos explicamos.
Ramírez fue condenado en mayo pasado a tres años de cárcel por un delito contra la ordenación del territorio, por promover diversas obras ilegales en una finca de su propiedad en la zona de La Milagrosa, en Las Palmas de Gran Canaria.
La sentencia, dictada por el Juzgado de lo Penal número 5 de
Las Palmas de Gran Canaria, daba por probado que el empresario permitió la
construcción en un espacio natural protegido, en el entorno de una finca de más
de 30.000 metros cuadrados que ocupa suelo rústico de protección
medioambiental.
Sin embargo, de forma paralela, el asunto era objeto de un
procedimiento contencioso administrativo, en el que recayó sentencia de 12 de
junio pasado, la cual estimó
el recurso de Ramírez
contra el acuerdo del Cabildo de 26 de marzo de
2008, que denegó la calificación territorial para la legalización de
esas obras.
La Sala de lo Contencioso ha conferido, pues, visos de legalidad a
las reformas llevadas a cabo en la propiedad de Ramírez, consistentes en la
legalización de un alpendre, una pajarera-pérgola, muros de contención,
parterres, cerramientos y camino en la misma finca, que supuestamente violaban
la legalidad vigente del Plan Especial del Paisaje Natural Protegido de Pino
Santo.
